El presidente Alberto Fernández firmó ayer el decreto que dispone que el Ministerio de Desarrollo Social y el de Trabajo «efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado».
La normativa establece que «las adecuaciones respectivas deberán ajustarse a los criterios que determinen los Ministerios» en función de «las características propias y de los requerimientos específicos de los distintos sectores de la actividad económica».
«La prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad. En casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada», se detalla en el texto oficial.
«En los casos de pluriempleo deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras», se plantea.
La normativa del Gobierno señala que «uno de los objetivos principales es que los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socioproductivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estas trabajadoras y estos trabajadores al empleo asalariado registrado».
